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Trump deja el futuro de los «dreamers» en manos del Congreso

Donald Trump se inclina por una solución salomónica. El encendido debate sobre la protección legal de los dreamers, los 780.000 indocumentados que entraron en Estados Unidos cuando eran niños, volverá este martes a uno de sus momentos calientes, cuando el presidente anuncie su decisión definitiva. 

Después de que la Casa Blanca apuntara al día después del largo y festivo fin de semana estadounidense, las filtraciones a algunos medios señalaron el lunes que Trump se ha decantado por la supresión de la orden ejecutiva que aprobó Obama en 2012, la llamada DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protege al grupo de inmigrantes más sensible.
Pero la eliminación no se haría efectiva antes de seis meses, para dar tiempo al Congreso a aprobar en ese plazo una ley definitiva. 

En el caso de que el presidente confirme hoy su decisión, dos dudas se cernirían sobre los «dreamers»: si los legisladores, republicanos y demócratas, serán capaces de consensuar una norma, y si los afectados cuya protección venza en este tiempo corren el riesgo de quedar desprotegidos y ser deportados.

Con la eliminación de la orden de su antecesor, Trump contentaría a la gran mayoría de sus fieles, partidarios del endurecimiento de la política de inmigración, que el ahora presidente les prometió repetidas veces.

A la construcción del muro con México, aunque aún pendiente de partidas económicas, y a la orden que prohíbe la entrada a ciudadanos de seis países potencialmente promotores de terrorismo, que se aplica parcialmente tras los recortes judiciales, sumaría ahora el desamparo presidencial a casi 800.000 inmigrantes. Tres cuartas partes de los cuales proceden del país vecino del sur. Con el añadido de seguir desmontando el legado de Obama, un mensaje que satisface plenamente a los acólitos trumpistas.

Aunque no puede decirse que la decisión de Trump sea plenamente negativa para los afectados. Pese a la cobertura legal que ha permitido a los «dreamers» permanecer en Estados Unidos durante cinco años, la llamada DACA que aprobó Obama constituye un parche legal, una orden que sitúa a los 780.000 inmigrantes en el limbo jurídico. 

El anterior presidente tomó esa decisión ante las reticencias republicanas, que además de no ser partidarios de consensuar una legislación de amparo, han cuestionado todo este tiempo la capacidad del presidente de intervenir en un asunto que consideran ámbito exclusivo del Congreso. De hecho, la mayoría de los expertos cuestionó legalmente el uso de una acción ejecutiva por parte del presidente.

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